La Nueva ordenanza Barcelona aprobada por el Ayuntamiento ha sido presentada como una actualización de la convivencia urbana tras veinte años de vigencia de la norma anterior. El 19/12/2025 el pleno municipal aprobó la reforma de la Ordenanza de Convivencia, con un énfasis claro en el civismo, la mediación y la protección de personas vulnerables.

El consistorio acompaña la puesta en marcha de la normativa con una campaña informativa y pasos escalonados de implantación para los distritos. Entre el 7/01/2026 y el 7/02/2026 se desplegaron informadores de calle y algunas medidas comenzaron a aplicarse desde el 26/01/2026 según el calendario local.

Qué cambia en términos generales

La reforma actualiza un texto vigente desde hace dos décadas y busca adaptar las reglas municipales a una ciudad más plural. El Ayuntamiento ha subrayado la vocación de combinar sanción y atención social, con una comisión de seguimiento bimestral para supervisar la aplicación.

Entre los cambios hay una ampliación de conductas sancionables, una revisión de las cuantías y agravantes, así como un refuerzo de las capacidades municipales de inspección. El objetivo oficial es reducir la impunidad y aumentar la efectividad del cobro de multas, que actualmente se sitúa por encima del 50% según el propio Ayuntamiento.

La ordenanza también integra mecanismos de mediación y medidas alternativas para personas en situación de vulnerabilidad, y prevé planes preventivos como el despliegue de lavabos públicos en puntos sensibles para atender necesidades básicas y reducir conflictos.

Ámbito sexual y nuevas conductas sancionadas

Por primera vez la ordenanza incluye explícitamente la prohibición y sanción administrativa de actos que vulneren la libertad e indemnidad sexual y la dignidad de las personas en el espacio público. Ejemplos citados por el texto son el exhibicionismo y los tocamientos en la vía pública.

Esta figura administrativa amplía las herramientas municipales frente a comportamientos sexuales públicos, permitiendo sanciones sin necesidad de intervenir en el ámbito penal en todos los casos. La intención es dar respuesta rápida y preventiva a conductas que generan alarma social y riesgo para personas vulnerables.

Al mismo tiempo, la norma mantiene criterios de proporcionalidad y prevé medidas alternativas, de mediación y derivación a servicios sociales cuando la circunstancia lo aconseje, con especial atención a personas en situación de precariedad.

Multas, cobro y medidas contra la impunidad

La reforma endurece las sanciones económicas por conductas en el espacio público. La prensa y la nota oficial recogen ejemplos de cuantías: hasta 750 euros por micciones en zonas sensibles, hasta 1.500 euros por consumo de alcohol en presencia de menores y hasta 3.000 euros por promover rutas etílicas.

Además de aumentar las tarifas, la ordenanza revisa agravantes y reincidencias, y el Ayuntamiento ha reforzado los mecanismos de recaudación. Se amplía el pago inmediato de multas a no residentes como una medida para reducir la impunidad y mejorar la efectividad del cobro, que el documento oficial sitúa por encima del 50% y pretende aumentar.

La combinación de sanción y medidas administrativas se presenta como un cambio de enfoque: sancionar conductas que alteran la convivencia y, al mismo tiempo, garantizar seguimiento y control administrativo para que las multas no queden sin efecto.

Impacto sobre prostitución en vía pública y alcance práctico

La ordenanza mantiene y refuerza la prohibición de ofrecer o solicitar servicios sexuales en el espacio público, continuidad que la regulación municipal ha aplicado contra la prostitución callejera. Quienes ofrezcan o pidan servicios en la vía pública pueden ser objeto de sanción administrativa.

Expertos y colectivos alertan de efectos prácticos: endurecer las sanciones en la calle puede empujar la actividad hacia espacios privados como pisos y clubes, con el riesgo de concentrar la actividad bajo la gestión de empresarios y fuera de visibilidad pública. Ese desplazamiento puede dificultar el acceso a derechos y aumentar la precariedad de trabajadoras sexuales autónomas.

Por otra parte, la norma fortalece potestades municipales sobre el uso del espacio público alrededor de locales de ocio, lo que en la práctica implicará mayor capacidad de inspección y medidas sobre establecimientos con reservados o que concentran actividad nocturna, ámbitos que ya han generado litigios y debates jurídicos en otras ocasiones.

Clubs, locales y la situación de las trabajadoras sexuales

Aunque la ordenanza regula primariamente conductas en el espacio público, su aplicación puede tener consecuencias importantes para clubs, locales de alterne y la actividad de escorts. El mayor control del entorno y la posible presión regulatoria sobre locales pueden afectar tanto a empresarios como a trabajadoras y trabajadoras autónomas.

Colectivos como Aprosex y otras plataformas de trabajadoras sexuales han denunciado que multas elevadas y limitaciones en la vía pública pueden precarizar aún más a las personas que ejercen, criminalizarlas y favorecer modelos de concentración en grandes locales gestionados por terceros. Reclaman medidas de protección, reconocimiento de derechos laborales y alternativas que eviten una mayor marginalización.

Los operadores de ocio y asociaciones profesionales también muestran preocupación por la inseguridad jurídica y la previsión de recursos. Las modificaciones sobre parámetros de locales y condiciones de funcionamiento han sido materia de debate y, en algunos casos, han dado lugar a impugnaciones judiciales en el pasado.

Reacciones políticas, sociales y seguimiento

La tramitación de la reforma tuvo apoyo y abstenciones de varios grupos municipales. La negociación política, con participación de formaciones como PSC, Junts y ERC, fue destacada por la prensa local como clave para aprobar la norma y garantizar su aplicación en la práctica.

Organizaciones civiles, periodistas locales y colectivos han aportado críticas y sugerencias durante el proceso. Mientras el Ayuntamiento defiende la adaptación de la norma a una sociedad más plural y la necesidad de evitar la impunidad, las organizaciones sectoriales reclaman garantías para la protección de derechos y alternativas que no criminalicen a las personas vulnerables.

El Ayuntamiento anunció la constitución de una comisión de seguimiento bimestral para evaluar la implantación y efectos de la ordenanza, lo que permitirá ajustar medidas y controlar tanto la efectividad de sanciones como la aplicación de medidas sociales complementarias.

En conjunto, la Nueva ordenanza Barcelona combina un endurecimiento sancionador en el espacio público con instrumentos de mediación y atención social. Su puesta en marcha desde enero de 2026 y la implantación progresiva por distritos marcan el inicio de un periodo de evaluación y polémica pública.

El balance final dependererá de la efectividad del cobro de multas, de la capacidad municipal para aplicar medidas sociales alternativas y de la escucha continua a colectivos afectados, incluidos los de trabajadoras sexuales, para limitar efectos no deseados y garantizar derechos fundamentales en la ciudad.