Barcelona es una ciudad con un panorama complejo en torno a la prostitución, los clubs, las escorts y los llamados masajes eróticos. En las calles y locales conviven realidades diversas: personas que ejercen con relativa autonomía, situaciones de vulnerabilidad que requieren protección y redes delictivas que se ocultan en el tejido urbano y digital.
Este artículo ofrece un repaso plural: políticas municipales y servicios de atención, datos y operaciones policiales recientes, riesgos sanitarios, debates entre activistas y trabajadoras, la transformación digital del sector y recursos locales para detección y apoyo. La intención es informar con datos recientes y señalar las diferencias que marcan la gestión pública y las estrategias de prevención y protección.
Política municipal y servicios: ABITS y la ordenanza
El Ayuntamiento de Barcelona opera desde hace años la Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS), un servicio municipal que ofrece atención integral a mujeres cis y trans que ejercen prostitución, tanto en la vía pública como en espacios cerrados. ABITS combina atención social, detección de trata y programas de formación y empleabilidad para facilitar procesos de salida o mejora de condiciones laborales.
La política municipal combina intervención social con medidas administrativas. La ordenanza municipal contempla sanciones para conductas vinculadas al proxenetismo y prevé actuaciones más contundentes contra los clientes, mientras que el Consistorio ha declarado que prioriza ofrecer recursos y sustituir sanciones por medidas alternativas para las personas que ejercen.
Además de ABITS, el Ayuntamiento mantiene coordinación con la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) para la detección de posibles víctimas y la protección inmediata. El enfoque local busca equilibrar control de redes explotadoras y apoyo social y sanitario a las personas en situación de prostitución.
Lugares de ejercicio: clubs, pisos y centros de masajes
En la práctica existen diferencias sustanciales entre quien ejerce en la calle, en clubes, en pisos y en centros de masajes o estética. Investigaciones en Cataluña documentan que cada lugar conlleva perfiles, niveles de exposición y acceso a servicios distintos, por lo que las respuestas deben ser adaptadas a cada contexto.
Informes recientes y operativos policiales han mostrado que las redes de explotación utilizan una pluralidad de espacios: prostíbulos regulados o no, pisos y locales que se anuncian como centros de masaje o estética. En marzo de 2024 se desarticuló una banda que explotaba sexualmente a mujeres sudamericanas con ocho detenidos y clausura de locales; en 2025 otra operación desmanteló una red que explotaba mujeres en centros de estética/masajes en Barcelona y Marbella, con 21 víctimas identificadas y ocho detenidos.
Estas acciones ponen de manifiesto que el paisaje urbano puede ocultar prácticas de explotación y que la intervención requiere inspección administrativa, trabajo social y coordinación policial para garantizar el cierre de locales cuando hay indicios de delito y la atención a las víctimas.
Dimensión y cifras: estimaciones y detección
Las cifras absolutas son difíciles de fijar con precisión, pero estimaciones recientes de la ONG In Género sitúan entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución en España. La misma organización calcula la existencia aproximada de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y unos 50 puntos de calle; en 2023 In Género atendió a 6.055 personas y realizó 21.798 intervenciones.
En su avance 2024, In Género detectó 914 posibles víctimas de explotación sexual y 47 posibles víctimas de trata, de las cuales 20 presentaron denuncia. La mayoría de las personas atendidas eran extranjeras y muchas afrontaban cargas familiares y situaciones administrativas irregulares, factores que aumentan su vulnerabilidad.
Además, la cobertura mediática recoge que en 2024 se realizaron más de 1.700 inspecciones en lugares vinculados a la práctica y la identificación de miles de personas en riesgo a nivel nacional. Estos datos muestran tanto la escala del fenómeno como las limitaciones metodológicas y el subregistro habitual en este ámbito.
Salud pública y aumento de ITS
Desde la pandemia se han observado incrementos en las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Cataluña. Por ejemplo, la tasa de incidencia de gonococia se situó en 164 casos por 100.000 habitantes en 2023, un indicador relevante para la vigilancia epidemiológica.
El aumento de ITS ha afectado especialmente a mujeres jóvenes y obliga a priorizar programas de prevención: acceso a pruebas, tratamiento, consejería y profilaxis como PrEP cuando proceda. Los grupos de salud pública y universidades catalanas recomiendan intervenciones diferenciadas según el lugar de trabajo y el perfil de cada persona.
La respuesta sanitaria requiere coordinación con servicios sociales y con iniciativas municipales como ABITS para facilitar derivaciones, reducir estigma y aumentar la cobertura de servicios sexuales y reproductivos entre trabajadoras sexuales, incluida la oferta de vacunaciones, cribados y tratamiento oportuno.
Trata, operativos y respuestas policiales
Las operaciones policiales recientes en Catalunya y Barcelona ilustran la presencia de redes que explotan a mujeres en clubes, pisos y locales de “masaje/estética”. Los operativos de 2024 y 2025 identificaron víctimas, detuvieron a responsables y clausuraron locales, pero también evidenciaron la complejidad de desarticular estructuras transnacionales.
Organizaciones que trabajan en prevención y reinserción, como APRAMP, alertan sobre la “industrialización” de la explotación sexual y reclaman medidas más intensas contra la trata. Su directora, Rocío Mora, ha denunciado públicamente que la oferta oculta y las redes favorecen la explotación, y pide políticas dirigidas a perseguir a explotadores y proteger a las víctimas.
Al mismo tiempo, las fuerzas policiales, los servicios municipales y las ONG deben mejorar los protocolos para garantizar la atención integral a las personas identificadas como víctimas: protección, asistencia sanitaria, apoyo legal y programas de salida con alternativas laborales.
Activismo, voces contrapuestas y representación
El debate público es plural y a menudo tenso. Colectivos de trabajadoras sexuales y asociaciones como StopAbolición denuncian medidas que consideran criminalizadoras y han protestado por el bloqueo o cierre de portales de anuncios, argumentando que estas medidas afectan su seguridad y autonomía. Sus comunicados y movilizaciones en 2023 y 2025 reflejan esa preocupación.
Por otro lado, organizaciones abolicionistas y de lucha contra la trata insisten en la necesidad de perseguir a los explotadores y reducir la demanda. Estas posiciones contrapuestas complican el diseño de políticas públicas y exigen diálogo con las personas afectadas para evitar consecuencias no deseadas.
La visibilización de testimonios locales contribuye al conocimiento: el documental Siemprevivas (2025) da voz a trabajadoras del Raval , mujeres mayores, trans y racializadas, que relatan trayectorias, redes de apoyo y la necesidad de políticas que las escuchen. Escuchar estas voces es esencial para políticas más eficaces y respetuosas.
Prostitución 2.0: digitalización y nuevos retos
La captación, explotación y oferta se han desplazado en gran medida al entorno digital. Plataformas de anuncios, redes sociales y mensajes privados facilitan la oferta y complican la detección y fiscalización tradicional. Este fenómeno se ha denominado a menudo “prostitución 2.0”.
La transformación digital plantea retos para la coordinación policial, sanitaria y regulatoria: identificar víctimas ocultas en entornos cifrados, seguir circuitos de captación y cerrar cuentas o portales que facilitan la explotación sin afectar indebidamente a trabajadoras que se anuncian por seguridad y autonomía.
Por ello expertos y académicos recomiendan mejorar la cooperación entre plataformas, fuerzas de seguridad y servicios sociales, así como desarrollar marcos normativos claros que protejan víctimas y garanticen derechos sin empujar a la clandestinidad a quienes ejercen con relativa autonomía.
Recomendaciones y recursos en Barcelona
Investigaciones académicas y grupos de salud pública recomiendan intervenciones diferenciadas: programas de prevención de ITS, acceso a PrEP y servicios de salud sexual y reproductiva, detección activa de trata y programas de salida laboral y formación. La combinación de control policial de redes y apoyo social y sanitario aparece como una estrategia eficaz.
En Barcelona existen recursos municipales y de ONG para atención, detección y protección. Además de ABITS y la UTEH, el Ayuntamiento publica teléfonos y correos institucionales para la coordinación y la derivación de casos. Las personas y profesionales pueden consultar los canales municipales para obtener asistencia inmediata.
Es importante que las intervenciones respeten los derechos y la seguridad de las personas, que la detección de trata vaya acompañada de protección y que las medidas regulatorias consideren las advertencias metodológicas sobre cifras y el impacto en la vida de quienes ejercen.
La realidad de la prostitución en Barcelona combina sectores visibles y ocultos, actores con demandas contrapuestas y desafíos sanitarios y judiciales. La información reciente , operativos policiales, estadísticas de ONG, incremento de ITS y testimonios locales, exige respuestas complejas y adaptadas.
Para quienes buscan ayuda o desean colaborar, la vía recomendada es contactar con los servicios municipales (ABITS, UTEH) o con ONG especializadas que trabajan en detección, protección y acompañamiento. El diálogo informado, la coordinación institucional y la escucha a quienes viven estas realidades son claves para avanzar en políticas que prioricen la salud, los derechos y la protección frente a la explotación.
