El crecimiento de las redes de explotación vinculadas a salones de masajes y clubes sexuales ha saltado a la agenda pública en los últimos años. Datos internacionales y nacionales muestran un repunte en detecciones y una mayor atención de autoridades, ONG y medios sobre cómo fachadas aparentemente comunes encubren modalidades de trata y explotación sexual.
Entender la dinámica entre masajes eróticos, clubes y trata requiere mirar cifras, casos locales, patrones operativos y las respuestas regulatorias que se están probando en ciudades y estados. Este artículo resume hallazgos recientes, señales de alerta y propuestas para intervenir sin estigmatizar a trabajadoras legítimas ni criminalizar a las víctimas.
Panorama global: más víctimas detectadas tras la pandemia
El Global Report on Trafficking in Persons (UNODC, diciembre 2024) detectó un aumento del 25% en víctimas identificadas en 2022 respecto a 2019, y señaló que el 38% de las víctimas detectadas son niños. El informe analiza patrones entre 2020 y 2023 y advierte sobre la necesidad de mejorar la recopilación de datos para comprender mejor rutas y modalidades.
Ese repunte sugiere que la pandemia y sus efectos socioeconómicos reconfiguraron no sólo las economías ilícitas sino también las formas de control y explotación. La UNODC reclama enfoques multisectoriales que combinen justicia penal, protección social y cooperación internacional para responder al fenómeno.
En este marco global, las fachadas comerciales , entre ellas salones de masajes y clubes, aparecen con frecuencia como estructuras opacas donde la explotación puede ocultarse atrás de actividades aparentemente legales.
Los IMB en Estados Unidos: escala y concentración
Organizaciones como Polaris estiman que existen más de 9.000 illicit massage businesses (IMB) operando en los 50 estados, y describen a esta modalidad como una de las más reportadas a la National Human Trafficking Hotline. Polaris apunta además que “It is not known exactly how many women working in massage parlors today are trafficked…”, lo que subraya la incertidumbre y la necesidad de mejores datos.
Un trabajo periodístico en California reportó al menos 3.300 establecimientos vinculados a la industria de masajes eróticos en ese estado (CBS San Francisco, 2025), citando la estimación nacional y evaluando indicadores de riesgo y vínculos con trata. California concentra así una porción significativa del fenómeno en EE. UU.
La magnitud económica también es llamativa: estudios citados por medios y organizaciones antitrata estiman que los IMB generan alrededor de US$2.5 millardos anuales en Estados Unidos, una cifra que ayuda a dimensionar la escala comercial detrás de las fachadas.
Señales operativas y alertas para detección
ONG y autoridades utilizan listados de indicadores para identificar IMB. Entre ellos se incluyen puertas con seguro o portero, ventanas cubiertas, precios muy por debajo del mercado, clientela mayoritariamente masculina y la apariencia de que las trabajadoras viven en el local (Polaris).
Estos indicadores no prueban por sí solos la existencia de trata, pero sirven como señales para que inspectores sanitarios, de comercio y fuerzas de seguridad actúen coordinadamente y abran investigaciones con perspectiva de protección.
La experiencia indica que combinar inspecciones formales (salubridad, laborales), averiguación sobre la titularidad real y formación específica para inspectores reduce el margen en que se ocultan actividades ilícitas sin criminalizar a víctimas vulnerables.
Mecanismos de control y testimonios de víctimas
Las investigaciones y relatos compilados por organizaciones como el Human Trafficking Institute muestran cómo los tratantes construyen relaciones de aparente apoyo y confianza. Existen testimonios donde el “jefe” actúa como una “hermana mayor” para manipular y coaccionar emocionalmente a las víctimas.
Estos mecanismos incluyen deuda coercitiva, vigilancia constante, restricciones de movimiento y manipulación psicológica que convierten a espacios como salones o pequeños hoteles en ámbitos de control. Informes de apoyo a víctimas describen procesos largos de recuperación que requieren asistencia legal, sanitaria y psicosocial.
Casos recientes en ciudades pequeñas y medianas , detenciones y redadas en localidades como Edmond, OK, muestran que las intervenciones se concentran en desmantelar redes, aunque a menudo desencadenan debates públicos sobre estigmatización de terapeutas legítimas.
Respuestas municipales, legislativas y ejemplos comparados
Algunas ciudades en EE. UU. han aprobado ordenanzas para aumentar la visibilidad y supervisión de salones de masajes. Santa Rosa, CA, por ejemplo, aprobó en marzo de 2025 medidas que exigen visibilidad en recepción, horarios regulados y la prohibición de ventanas cubiertas tras identificar patrones vinculados a operaciones ilícitas y rescates de víctimas.
En el plano legislativo, estados y comisiones , como una iniciativa en Nueva Jersey, han incorporado hallazgos de organizaciones como Polaris para diseñar controles e inspecciones que apunten a propietarios y beneficiarios reales, no a la criminalización de personas explotadas.
Comparaciones internacionales muestran alternativas distintas: Bélgica implementó en 2024 medidas para regular laboralmente la prostitución (contratos y seguridad social), buscando reducir la zona gris donde operan explotadores. El debate entre regulación y prohibición sigue abierto y depende en buena parte de cómo se diseñen las protecciones laborales y los mecanismos de control.
Contextos regionales: América Latina y el caso Lima
En varios países de América Latina se han documentado mafias que usan servicios de masajes como fachadas para la explotación. En Lima, especialmente en el distrito de Lince, reportes de 2024‑2025 señalaron el uso de salones y hoteles para la explotación de menores y migrantes, controlados por deudas y vigilancia.
Las características comunes en la región incluyen vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas, uso de intermediarios y espacios transitorios (hoteles, departamentos) que dificultan la detección por parte de autoridades locales con recursos limitados.
Ante esto, las organizaciones comunitarias y académicas reclaman inversiones en servicios sociales, protección a testigos y cooperación internacional para desarticular redes transnacionales que se benefician de la movilidad de las víctimas.
Lecciones y recomendaciones para investigación e intervención
Informes como “Disrupting IMBs” (University of Dayton / Abolition Ohio) y el resumen de hallazgos 2024‑2026 subrayan tres conclusiones clave: (1) repunte en detección global de víctimas post‑pandemia (UNODC 2024); (2) los IMB siguen siendo una vía amplia y opaca para explotación sexual en EE. UU. (Polaris); (3) la respuesta efectiva combina inspecciones sanitarias formales, legislación sobre titularidad/beneficiario real, formación de inspectores y la desconexión de la criminalización de víctimas.
Para periodistas y investigadores, los recursos primarios recomendados incluyen el informe Global UNODC 2024, las páginas temáticas y reportes de Polaris sobre IMB, y estudios académicos y de ONG como University of Dayton / Abolition Ohio o el Human Trafficking Institute. Estos documentos ofrecen listas de verificación, metodologías y pautas éticas para el trabajo en terreno.
Las recomendaciones prácticas para autoridades y sociedad civil incluyen: mejorar el intercambio de datos entre agencias, priorizar la protección de víctimas, dirigir las acciones penales hacia explotadores y propietarios beneficiarios, y diseñar políticas públicas que reduzcan la demanda y las condiciones económicas que facilitan la trata.
La sombra de la trata sobre masajes eróticos y clubes no desaparecerá con medidas aisladas. Requiere coordinación entre policía, servicios sociales, autoridades sanitarias, legisladores y medios para identificar patrones, proteger víctimas y atacar las estructuras económicas que sostienen la explotación.
Al mismo tiempo, es imprescindible evitar respuestas que estigmaticen a trabajadores y trabajadoras legítimas: las intervenciones deben ser precisas, basadas en evidencias y centradas en los derechos humanos. La combinación de datos recientes (UNODC, Polaris), estudios académicos y experiencias locales ofrece una hoja de ruta para políticas más efectivas y respetuosas.
